La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo a la Oferta de Empleo Público diseñada para 2024 en la Administración General del Estado porque mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos.
En concreto, CSIF considera que supone un freno a la renovación de las plantillas, ya que reduce en un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado. Además, el sindicato cree que debe valorarse que "en los próximos ocho años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla".
Ante esta situación, CSIF ha reclamado "desde ya" iniciar la negociación en la parte que afecta a las administraciones públicas, aprovechando que Hacienda ha pedido a los ministerios que hagan sus cuentas para el próximo ejercicio para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2025 por la cual.
Por otro lado, CSIF ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con "cerca de 50.000 plazas sin cubrir", y destaca que el Ministerio de Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado "por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse".
El sindicato cree que la oferta de empleo presentada este martes tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025.
PRECARIA SITUACIÓN DEL SEPE
Del mismo modo, CSIF ha dirigido una queja a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la "precaria situación" de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En concreto, el sindicato ha indicado que el SEPE va a tener que afrontar la transición del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital, con lo que los potenciales beneficiarios deberán pedir cita previa presencial en las oficinas del SEPE, lo que se suma a la situación actual de "desborde" de trabajo por la carencia de efectivos.
Por ello, CSIF asegura que el SEPE se encuentra en su momento "más grave", con una plantilla por debajo de los 7.300 trabajadores, tras perderse 3.500 en diez años y el 55 %de sus oficinas cuentan con cinco efectos o menos, todas ellas "manifiestamente infradotadas y con evidentes dificultades para llevar adelante la gestión y atención presencial".