El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa pactada por el PP y Sumar para que en Cuenca, Soria y Teruel puedan reducirse los costes laborales un 20%, el máximo permitido por la Unión Europea, con independencia de que sean nuevas contrataciones o que ya hubieran tenido actividad previa.
Se trata de una proposición no de ley presentada por el PP para recuperar las ayudas a nuevos autónomos y conceder ayudas para costes laborales en estos territorios, que ha sido enmendada por Sumar y que se ha aprobado en la Comisión de Transición Ecológica con la abstención del resto de grupos y sin votos en contra.
El diputado del Chunta Aragonesista (CHA) integrado en Sumar, Jorge Pueyo, ha indicado que el voto a favor del grupo plurinacional se produce porque "siempre" apoyarán las iniciativas dirigidas a ayudar a la España Vaciada. Mientras que PSOE, Vox y los independentistas se han abstenido.
El Grupo Popular y el grupo plurinacional se han puesto de acuerdo, en concreto, en torno al segundo punto de la iniciativa, que insta al Gobierno a poner en marcha "de forma urgente e inmediata" las ayudas al funcionamiento en provincias de Cuenca, Soria y Teruel, estableciendo reducciones en los costes laborales de hasta el 20% permitido por la UE.
Sumar ha añadido a esta petición que las provincias se puedan acoger a las ayudas con independencia de si son nuevas contrataciones o ya con actividad previa, porque las ayudas "deben beneficiar al conjunto de la actividad económica de las provincias afectadas".
LA AYUDA, PARA AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
La propuesta también exige al Ejecutivo hacer extensivas estas ayudas tanto a la actividad por cuenta ajena como propia y mantenerlas de manera permanente en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, para contribuir decisivamente a la lucha contra la despoblación en estas tres provincias.
Además de estas ayudas, la propuesta pide también recuperar el régimen especial para autónomos aplicable a Cuenca, Soria y Teruel, que permitía una tarifa plana de 80 euros durante 3 años, con independencia de los ingresos anuales del autónomo en cuestión.