El número de bajas por enfermedades o accidentes no laborales de los trabajadores del sector del metal protegidos por las mutuas se situó en 1.321.382 en 2023, con un incremento del 11,2% respecto a 2022, según datos aportados este martes por Confemetal y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
El coste directo para las empresas de estas bajas, más el importe de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las mutuas para los procesos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes, ascendió en 2023 a 4.020,18 millones de euros para el sector del metal, casi un 19,%% más que en 2022.
El coste total para las mutuas en todos los sectores protegidos alcanzó los 15.696,59 millones de euros en 2023, con un incremento interanual del 17,4% por ciento. Si se incluye el coste de los procesos de IT por contingencias comunes de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el coste se sitúa en 25.326,65 millones de euros.
En los últimos cinco años, el coste de la IT por contingencias comunes para el total del sistema se ha incrementado casi un 74%, según AMAT y Confemetal.
"El laberinto burocrático de la gestión de la IT por contingencias comunes, las listas de espera en la Sanidad Pública y el riesgo de uso indebido de las prestaciones originan ese mayor gasto, perjudican la salud de los trabajadores, incrementan aún más la carga asistencial de una Sanidad Pública saturada, merman la competitividad de las empresas y lastran la creación de empleo y el crecimiento económico, a corto, medio y largo plazo", denuncia Confemetal.
En su opinión, la actuación sanitaria por parte de las mutuas en procesos de IT por contigencias comunes diagnosticados como patologías traumatológicas, y la agilización de la tramitación administrativa, permitirían recuperar en 24 días menos la salud de los más de 317.000 trabajadores del sector metalúrgico diagnosticados con esas patologías.
Asimismo, la patronal del metal considera que esa ayuda de las mutuas en las patologías de trauma contribuiría a reducir las listas de espera en los Servicios Públicos de Salud, al tiempo que reducirían, en el sector metalúrgico, un gasto innecesario de 712 millones de euros, de los que 450 millones se cargan a las cuentas públicas de la Seguridad Social y los 262 millones restantes los asumen directamente las empresas.